El Gobierno ha dado un paso atrás en la implantación de VeriFactu. La medida, que llevaba meses generando inquietud entre pymes y profesionales, se retrasa finalmente un año más.
La prórroga llega en un momento en el que la digitalización fiscal avanza, pero no al ritmo esperado. Según datos del Observatorio TeamSystem, a mediados de noviembre solo un 8% de las pymes y autónomos había implementado VeriFactu y un 15% estaba en proceso de adaptación. La distancia entre la normativa y la realidad de los negocios, especialmente los más pequeños, ha sido determinante en la decisión.
Además, el retraso ha sido leído como una respuesta a las reivindicaciones de diversas asociaciones profesionales y organizaciones de autónomos.
VeriFactu entrará en vigor en enero de 2027
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que amplía un año el plazo de obligatoriedad de VeriFactu. Así, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades no están obligadas a aplicarlo hasta enero de 2027, mientras que autónomos y pymes disponen de tiempo hasta julio de ese mismo año. La medida supone aplazar un calendario que inicialmente fijaba su entrada en vigor para 2026.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, subrayó que esta prórroga resulta “fundamental” para que pymes y autónomos puedan adaptarse a las exigencias tecnológicas del sistema. Desde el sector, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, celebró la decisión como “un alivio ante la marea de cargas y trámites” que afrontan los trabajadores por cuenta propia, insistiendo en que no estaban preparados para una implementación inmediata.
VeriFactu establecerá que todas las facturas se generen mediante un software certificado que garantice autenticidad, integridad y trazabilidad, además de permitir un control inmediato por parte de la Agencia Tributaria.
